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Diputado Jari Dixon

¿Quién es el Diputado Jari Dixon Herrera?

Nació en la ciudad de Talanga, un 10 de diciembre de 1971. Hijo de Rómulo Herrera y Ada Sonia Hernández. Cursó su primaria en la Escuela Juan Alberto Melgar Castro en los año 1979-1984 y la Secundaria en el Instituto Gubernamental Técnico Brassavola Digbyana 1985-1987 y el Bachillerato en el Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE) 1988-1990.

Fiscal contra la corrupción

Bajo la dirección de los fiscales generales Edmundo Orellana (1994-1999) y Roy Edmundo Medina (1999-2004), Jari Dixon se convirtió en un referente adentro del Ministerio Público, presidiendo la Asociación de Fiscales de Honduras. Sin embargo, la situación se complejizó con la llegada del fiscal general Ovidio Navarro en 2004.

Conocido por haber sido el abogado privado del expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), los nacionalistas colocaron a Navarro al frente del Ministerio Público, y a Vilma Morales como presidenta del Poder Judicial de Honduras. Con ellos dos el Partido Nacional se aseguró el control del sistema de justicia hondureño.

Al llegar a la fiscalía, Navarro desestimó todos los casos en contra de Callejas (quien en 2016 se declaró
culpable en Nueva York por conspiración, crimen organizado y fraude en el escándalo conocido como «Fifagate»). Cabe mencionar que Navarro también colocó a David Chávez (actual candidato nacionalista para la alcaldía del Distrito Central y presidente del Comité Central del Partido Nacional) como fiscal contra la corrupción.

Frente al engavetamiento de los casos referentes al exmandatario Callejas, la Asociación de Fiscales de Honduras, presidida por Dixon, publicó un comunicado contra las decisiones de Navarro. Esta acción desembocó en el traslado de 50 fiscales y en el despido de otros diez, entre ellos Jari Dixon, Omar Menjívar (el actual candidato del Partido Libre por la alcaldía de la ciudad de San Pedro Sula) y Rigoberto Cuellar (exfiscal general adjunto entre el 2013 y 2018).

Tras su separación de la fiscalía, Dixon entró en contacto por primera vez con las organizaciones sociales y populares de Honduras, exigiendo la renuncia del fiscal Navarro y de su fiscal adjunto, Óscar Melara. En 2005 lograron la destitución, y Dixon regresó al Ministerio Público tras una sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, tras la destitución de Navarro, el Congreso Nacional nombró en 2005 a Leónidas Rosa Bautista y a Omar Cerna en la dirección del Ministerio Público. Esta designación agudizaría aún más la crisis de la investigación criminal en Honduras.

Huelga de fiscales

Al igual que Navarro, el nuevo fiscal general, Leonidas Rosa Bautista, congeló todos los casos de corrupción que se investigaban en el Ministerio Público. También montó una paralela a la Asociación de Fiscales de Honduras, debilitando la oposición que tenía a lo interno de la fiscalía. Para exigir que desengavetaran los casos de corrupción, en 2008, los fiscales Jari Dixon, Soraya Morales, Luis Javier Santos y Víctor Fernández decidieron iniciar una huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional, en la capital hondureña. Tras 38 días de duración, la huelga se convirtió en la primera manifestación ciudadana que de manera masiva se pronunció contra la corrupción en Honduras. «Creo que el mayor logro de la huelga fue a nivel consciencia (…) En ella se podía ver a pastores y a sacerdotes apoyando, a gente de derecha y de izquierda, porque el discurso anticorrupción es más incluyente»,. A pesar de la huelga, el exfiscal general Leonidas Rosa Bautista concluyó su periodo en 2009, posteriormente fungió como representante hondureño ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y actualmente es uno de los tres designados presidenciales (a la vicepresidencia) del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry Asfura.

Etapa de político

Después de 14 años como fiscal, en 2009 Jari Dixon fue despedido del Ministerio Público, debido a su participación en contra del golpe de Estado cometido ese año al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Por razones similares, su esposa, la exjueza Maritza Arita también fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Denunciando la complicidad del Ministerio Público en el golpe de Estado, Jari Dixon fue uno de los fundadores del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el cual posteriormente se convirtió en el Partido Libre. «Yo no encuentro un lugar en Libre, yo soy uno de los fundadores de este proceso», dice Dixon. Con la formación del Partido Libre en 2011, Jari Dixon dejó de ser un referente social e inició su carrera como político, logrando su primera diputación en 2013 y su reelección en 2017.

Como Diputado

Como diputado, Jari Dixon propuso en 2014 una Ley Anticorrupción. Sin embargo, la iniciativa no fue aceptada en el pleno. Como tampoco lo fue su proyecto para rebautizar las escuelas que llevan los nombres de personas implicadas en la corrupción y el narcotráfico. En 2015, este candidato a legislador, formó parte de la turba de militantes del Partido Libre que irrumpieron en la Corte de Suprema de Justicia para sacar al periodista David Romero Ellner, cuando se celebraba el juicio oral y público en su contra. El comunicador era acusado por los delitos de difamación y calumnias en contra de la esposa del exfiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar. Más allá de una posible politización en el caso de David Romero, para un exfiscal como Jari Dixon, el haber invadido e interferido un juicio en la Corte Suprema de Justicia, es un antecedente que incluso le llevó a ser requerido por el propio Ministerio Público. En 2019, Jari Dixon fue agredido físicamente por el nacionalista David Chávez, adentro de las instalaciones del Congreso Nacional. La disputa se dio luego que el diputado de Libre estallara unos cohetes adentro del hemiciclo, exigiendo que su partido tuviera representantes en las instancias electorales. En las manifestaciones poselectorales de 2017, Jari Dixon también había sido golpeado por los militares. En 2022 se reelige en su tercera ocasión siendo uno de los pocos políticos que cuenta con aceptación de gran parte de la población hondureña.

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